La problemática de la informática judicial

La aplicación de las NT en las organizaciones ha supuesto un cambio sustancial en la forma de trabajo y en la eficiencia y calidad del mismo. Es una realidad evidente que convivimos con la informática y que la implantación de la tecnología es diferente según el colectivo al que se destina: no es lo mismo un plan de modernización aplicado a una empresa de desarrollo, que a un hospital o a un Juzgado.

El colectivo judicial siempre ha dado una imagen de conservadurismo, custodia celosa de sus prácticas y costumbres y funcionamiento independiente. Un colectivo que, a priori, podría considerarse como el paradigma del rechazo al cambio, aunque la realidad es bien diferente.

Si nos infiltráramos en el día a día de un Órgano Judicial entenderíamos que un Agente Judicial agradecería que se le facilitase la gestión de las vistas, o que un Secretario Judicial vería con buenos ojos una aplicación que le permitiese controlar el estado de cada asunto, o incluso, que un Juez o un Magistrado nos darían un efusivo apretón de manos si le facilitáramos la comunicación con otros jueces para compartir y debatir sentencias. Ésta es la sinergia que hemos de aprovechar para una fructífera implantación de soluciones informáticas en el tan temido entorno judicial.

El proceso de informatización de los Órganos Judiciales ha seguido diversos derroteros en nuestro país. La transferencia de las competencias en materia de Justicia a varias CCAA ha podido tener efectos indeseados como dificultades en la homogeneización de colecciones de documentos normalizadas, en las definiciones de códigos de fase y estado procesal, o en la integración de las diferentes soluciones adoptadas en cada comunidad para el trasvase de información. Pero también ha tenido unos efectos positivos, como el importante avance en el desarrollo de soluciones, animado quizás por la competencia entre comunidades.

Sin este hecho no se entiende el espectacular salto tecnológico realizado. En todo proceso de desarrollo e implantación de una solución informática en una organización existe la máxima de recabar los requisitos funcionales a los futuros usuarios de la aplicación. Este análisis, que siempre es fundamental, se hace absolutamente imprescindible en el entorno judicial. El trato cercano a los jueces, secretarios judiciales, funcionarios, no sólo durante el tiempo de implantación, sino también durante un proceso de formación continua, es el secreto del éxito en el mundo judicial. Y esa función debe encomendarse a personas del entorno jurídico, licenciados en Derecho con conocimientos de gestión procesal y sólida formación en las NT. Ese perfil, único en su género, que podríamos denominar Asesor o Consultor Procesal, es crítico en toda implantación en este entorno.

El esquema organizativo en el ámbito judicial no es tan diáfano como en otras organizaciones. Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Comunidad, tienen competencias diversas en el personal adscrito a este ámbito. Y como núcleo esencial está el Órgano Judicial. Se dice que cada Juzgado es independiente, distinto de los demás; una especie de reino de Taifas. Esto no es así, pero sí es cierto que la operativa de cada Juzgado viene marcada por el Juez y el Secretario Judicial, y puede diferir en aspectos no fundamentales de un juzgado a otro. Por eso es tan fructífera la presencia de consultores procesales in situ, que sepan detectar las particularidades de cada Órgano Judicial, y que sean capaces también de aunar en lo posible las prácticas procesales.

Se han conseguido grandes avances en la homogeneización de colecciones normalizadas de documentos, o de requisitos en las aplicaciones, gracias a la labor integradora y, diríamos, catalizadora de los consultores procesales. En definitiva, la problemática de la implantación de las NT en el ámbito judicial no es tanto de rechazo al cambio del colectivo sino más bien de enfoque adecuado a la hora de plantear soluciones. La presencia de los consultores procesales en el día a día, el acercamiento al usuario y el entendimiento de sus necesidades, han permitido implantaciones exitosas en el mundo judicial, y son un estímulo para abordar nuevos desafíos.

Rafael Llamas Guiraum
Jefe de Proyecto de entorno judicial
División de Administración Pública
SADIEL